¿Te clausuraron el local o te impusieron una multa injusta?
¿Te han clausurado el local o impuesto una multa injusta?
El Estado y las municipalidades a veces cometen excesos. Si tu negocio enfrenta sanciones desproporcionadas, evaluamos la legalidad de la medida y presentamos los descargos técnicos correspondientes para defender la continuidad de tus operaciones.
Temas de intervención
Multas y clausuras municipales
Defensa contra multas, paralizaciones de obra y clausuras, con descargos presentados dentro de plazo y recursos en cada instancia administrativa.
Procedimientos ante INDECOPI
Protección al consumidor y eliminación de barreras burocráticas, tanto en defensa de la empresa como en reclamación frente a una entidad.
Levantamiento de sanciones
Impugnación de sanciones administrativas y gestión de su levantamiento cuando la medida carece de sustento o de motivación.
Licencias y autorizaciones
Asesoría en la obtención de licencias de funcionamiento, permisos y autorizaciones ante autoridades nacionales, regionales y locales.
Cuéntanos tu caso
Materias administrativas que atendemos
En un procedimiento sancionador, dejar pasar el plazo de descargo suele ser más grave que el fondo del asunto. Lo primero que revisamos es qué plazo corre.
- Defensa contra multas, paralizaciones y clausuras municipales
- Procedimientos sancionadores ante cualquier instancia administrativa
- Procedimientos ante INDECOPI: protección al consumidor
- Eliminación de barreras burocráticas
- Levantamiento de sanciones administrativas
- Asesoría en la obtención de licencias y permisos de funcionamiento
- Recurso de reconsideración y apelación administrativa
- Autorizaciones sectoriales
Preguntas frecuentes
No mientras la clausura esté vigente, pero sí se puede solicitar su levantamiento y cuestionar la medida si es desproporcionada o carece de motivación.
El plazo para apelar en vía administrativa es de quince días hábiles desde la notificación. Perderlo deja la sanción firme.
Sí, cuando la exigencia municipal constituye una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad.
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El estudio reúne abogados penalistas con experiencia en el sector público y en el sector privado, especializada en derecho penal y constitucional.
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